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De reformas
Aprovechando que se acercan elecciones y que es más fácil y más rápido tapar (mediáticamente) el chapapote que limpiarlo, el Gobierno se ha apresurado a anunciar una reforma del código penal que pretende endurecer las condenas para combatir los delitos. La verdad, no creo que estas condenas sean precisamente blandas. Se habla de diez o de veinte años con una ligereza pasmosa. Como si realmente no fueran nada. Y, lo que es más importante, estas penas más contundentes no tienen por qué ser disuasorias. En este sentido, es interesante recordar lo que escribía ayer José Martí Gómez: "La pena como disuasión al delito, sea esa pena capital o de cárcel, es una utopía"; a lo que añade el argumento del penalista Juan Antonio Roqueta: "El delincuente no piensa en el Código Penal cuando va a cometer un delito. Nunca piensa que lo vayan a coger. La gente no delinque porque exista un Código Penal, sino por repugnancia ante el delito" En todo caso, esta reforma probablemente más efectista que efectiva perjudicará sobre todo a quienes ya están perjudicados con independencia de las leyes que se les aplique: pequeños delincuentes e inmigrantes sin papeles. Y es que, como siempre, se intentan tratar los síntomas y se olvidan las causas. El motivo principal de que haya delincuentes no es que estos tipos sean genéticamente malvados. Aunque su responsabilidad individual también es importante (faltaría), hay una serie de exclusiones sociales y económicas que facilitan ciertas salidas. Si no se intentan erradicar, el problema seguirá existiendo. Volviendo al propio Martí Gómez: "No se puede usar el derecho penal para solucionar problemas sociales"
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