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Hay polémicas que no acabo de entender. Por ejemplo, la de la juez Ruth Alonso. Al parecer periodistas y políticos la acusan de conceder beneficios penitenciarios a terroristas, y de hacerlo tal y como contempla la ley. Es decir, no la acusan de nada. Sirva como ejemplo este artículo de Martín Prieto, en el que acaba asegurando que su crimen es "una muy malvada forma de prevaricación cumpliendo la ley escrupulosamente; o sea: el delito perfecto por inexistente". Bien. Supongamos que Martín Prieto dice que yo he robado Las Meninas. Pero el cuadro sigue en el Prado. ¿Soy también culpable de una muy malvada forma de robo cumpliendo la ley escrupulosamente? En definitiva, ocurre que la juez actúa correctamente, ya que su trabajo consiste en aplicar leyes que han redactado otros, cosa que efectivamente hace. Y si a los legisladores que tanto se quejan no les gusta esta ley, no tienen más que cambiarla. Como de hecho están haciendo. Otra cosa es que este nuevo texto, que contempla penas de cárcel de hasta cuarenta años, esté pensado más para ganar unas elecciones que para combatir el terrorismo. Podría ser, pues, que Salvador Cardús (en otro artículo citado por Carles Miró) tuviera razón al preguntarse si "es que se nos está diciendo, acaso, que dentro de cuarenta años aún tendremos a ETA en el País Vasco". Porque me temo que eso es lo que ocurrirá si la única solución que se propone para acabar con el terrorismo es aumentar las condenas e insultar a Ibarretxe.

Actualización (12 de enero): Reincidentes La Vanguardia publica hoy un dato como mínimo curioso. Se echa en cara a la juez Alonso que deje sueltos por la calle a asesinos que puedan reincidir, pero sin embargo resulta que sólo cuatro terroristas que han cumplido condena han reincidido, cuando cada año salen de la cárcel entre 30 y 40, y actualmente hay unos 530 presos de ETA en prisión. Además, parece que ninguno de los que ha dejado en libertad Alonso -ateniéndose, insisto, a lo que dice la ley- ha delinquido de nuevo.